Con la publicación de la ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 quedaba establecida una nueva deducción adicional a la existente por maternidad para todos aquellos trabajadores que hubieran incurrido a lo largo del año en gastos por la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.
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La mayoría de organizaciones destacaron su rechazo a las formas y al procedimiento seguido por el Ministerio en la tramitación de su Anteproyecto de Ley.
El texto del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, publicado en el BOE el pasado 27 de diciembre, recoge dos de las reivindicaciones fundamentales que FSIE ha estado reclamando a los largo del pasado año y que hacen referencia a las retribuciones del personal de la Enseñanza Concertada.
Como ya habían reconocido representantes del Ministerio en la reunión de la Mesa Sectorial en noviembre, se ha conseguido que se subsane el error cometido en los Presupuestos Generales de 2018 que establecía una subida salarial para los profesionales en pago delegado inferior en un 0,125 a la de sus homólogos de la pública.
La nueva legislación incluye además que se aplique, como hemos reclamado insistentemente desde FSIE, la misma subida salarial para 2019 que a los funcionarios, aplicando esta revisión a todas las partidas del módulo económico de concierto.
FSIE ha puesto de manifiesto la discriminación de la que son objeto los profesionales y el sector de la enseñanza concertada.
En la reunión mantenida ayer en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada, FSIE ha trasladado al Ministerio su desacuerdo con la reforma propuesta tanto por el procedimiento seguido como por el contenido de la misma.
Como manifestamos durante el encuentro a los representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional entendemos que tanto la nueva normativa como el proceso acelerado impuesto responden a intereses electorales cuando la verdadera urgencia del sistema educativo es alcanzar un Pacto educativo y no el Proyecto de reforma presentado.
La sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018 (sentencia 1462/2018) fija como doctrina legal que “Las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.
Para solicitar la devolución se distinguen los siguientes supuestos:
Desde el sindicato no compartimos la urgencia que, según el Ministerio, justifica la presentación de esta nueva reforma en un contexto político incierto e inestable. Es una iniciativa sin diálogo ni consenso alguno en la que prima el interés partidista y electoral sobre la verdadera mejora del sistema educativo.
Lo urgente y necesario es alcanzar un Pacto educativo que evite este tipo de iniciativas que no contribuyen a la estabilidad y tranquilidad del sistema. Mucho menos cuando de su contenido se desprende claramente una decisión política de perjudicar la enseñanza concertada considerándola subsidiaria de la pública al establecer que, por encima del derecho a la libre elección de centro que les corresponde a los padres, sean las administraciones quienes planifiquen y oferten plazas públicas suficientes para todos. Es una forma más de asfixiar a la enseñanza concertada.
Con la entrada en vigor de los nuevos requisitos para la jubilación parcial, a partir de 2019 se imposibilita esta a los trabajadores, afectando a docentes y personal de administración y servicios de todos los convenios de enseñanza y atención a personas con discapacidad.
Desde FSIE CLM se ha solicitado urgentemente la convocatoria de la MESA DE CONCERTADA con el objetivo de seguir trabajando para conseguir un nuevo acuerdo que nos permita mantener la jubilación parcial en condiciones beneficiosas para el trabajador y favoreciendo así, la renovación de plantillas y creación de empleo en el sector.