
Desde 2017, la Administración mantiene suspendido el abono de la paga de antigüedad (PEA), vulnerando así un derecho reconocido en el Convenio Colectivo y en el Acuerdo Marco de 2012. Ante esta injusticia, FSIE ha sido el único sindicato que no ha permanecido inactivo: agotadas todas las vías de negociación y las reclamaciones administrativas, hemos dado un paso más llevando la defensa de este derecho ante los tribunales.
El 12 de febrero de 2021, FSIE interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Consejería, exigiendo que se cumpliese lo acordado en 2012 y que se aportase información transparente y completa sobre las cuantías presupuestarias incluidas en la partida de gastos variables, de la cual tendría que salir el dinero para abonar la PEA. Reclamabamos una explicación de por qué y bajo qué criterios se afirma que dicha partida está agotada.
El TSJ ha emitido ahora su sentencia, que aborda dos cuestiones fundamentales:
1.
La falta de abono de una retribución salarial.
2.
La negativa de la Administración a proporcionar la información solicitada.
En el primer punto, el tribunal declara la inadmisibilidad por falta de jurisdicción, derivando el caso a la jurisdicción social.
En el segundo lo desestima, al considerar que la Consejería de Educación ya ha facilitado la mayor parte de los datos requeridos durante el proceso judicial. Además, la información restante no resulta determinante para el fondo del asunto, sobre el cual, se declara incompetente y remite su resolución a la jurisdicción social.
Aunque no es la sentencia que esperábamos, FSIE valora positivamente que el TSJ no cuestiona el derecho a la paga de los 25 años, y además abre la puerta a nuevas vías judiciales que nuestros servicios jurídicos ya están estudiando. La primera de ellas será la presentación de un recurso extraordinario de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Desde FSIE reiteramos nuestro compromiso firme de:
No renunciar a un derecho que pertenece a los trabajadores y trabajadoras del sector.
Seguir luchando hasta conseguir que se abone la paga de antigüedad que legítimamente nos corresponde.
